Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública sostuvieron un encuentro con fiscales titulares y coordinadores defensores de todo el país, donde acordaron lineamientos para mejorar la aplicación de los acuerdos penales y las medidas de coerción. Ambas instituciones coincidieron en que una gestión responsable de estos mecanismos puede reducir tiempos de tramitación, costos procesales y riesgos de revictimización.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso resaltó que los acuerdos deben garantizar un equilibrio entre la reinserción social del imputado y la reparación del daño a la víctima, asegurando siempre control judicial y asesoría técnica adecuada.
De su lado, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró el diálogo y planteó que el país debe avanzar hacia un mayor uso de los acuerdos, como ocurre en otras naciones donde han contribuido a la eficiencia procesal y al descongestionamiento carcelario.
Las discusiones también abordaron la necesidad de uniformar criterios sobre fianzas y prisión preventiva, tomando en cuenta el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y el principio de proporcionalidad. Actualmente, la República Dominicana registra un bajo nivel de acuerdos penales: en 2022 solo el 1.05 % de los casos se resolvieron por esta vía, frente a cifras mucho más altas en países como Estados Unidos (97.1 %), México (68.7 %) y Colombia (41.4 %).
